Weaving agency, resistance and indigenous resilience to build territorial peace: From the Colombian Amazon to the Sierra Nevada de Santa Marta
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Este proyecto de investigación involucra tres áreas del conocimiento de la Universidad del Rosario: el programa de antropología, el Centro de Paz y Conflictos y la facultad de jurisprudencia. Igualmente, articula trabajo de investigación-acción-participativa en dos regiones muy diversas de Colombia (el caribe colombiano y la amazonia), a través de un equipo interdisciplinario, intercultural e intergeneracional. Desde el punto de vista de su articulación con los procesos de formación de capital humano de programas académicos de la Universidad, el equipo de trabajo está compuesto: por dos profesores (coordinador general y coordinador asociado), un estudiante doctoral y un joven investigador. Igualmente, este proyecto cuenta con el apalancamiento de un recurso entre el 40% y el 80% de financiación externa (gobierno de los Estados Unidos a través del fondo 1000K) y organizaciones indígenas nacionales (CIT , AZICATCH y CRIMA ). Este proyecto participó en dos convocatorias nacionales y dos internacionales, obteniendo muy buena calificación, pero sin ser financiado. El conflicto interno armado (CIA) en Colombia ha tenido un fuerte impacto sobre los pueblos indígenas, quienes se han visto perjudicados por diferentes formas de afectación y vulneración de sus derechos individuales y colectivos. Así mismo, sus territorios ancestrales han sido víctimas del CIA al estar ubicados en áreas estratégicas para los actores armados y los traficantes de drogas, armas y personas. De acuerdo con los informes de Stavenhagen y Anaya , últimos relatores especiales sobre los derechos y las garantías de los pueblos indígenas en el sistema de las Naciones Unidas, el CIA ha implicado para los pueblos indígenas de Colombia procesos de desplazamiento forzado, traumas intergeneracionales, masacres, desapariciones forzadas, confinamientos, reclutamiento forzado de niños y jóvenes indígenas, prácticas de violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, y afectación de su soberanía alimentaria, sus sitios sagrados y conocimientos tradicionales. Desde la promulgación de Ley de Justicia y Paz (975/2005), la cual estableció la normatividad para la reincorporación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la vida civil, la discusión sobre los procesos de Justicia Transicional se empezó a dar por primera vez en Colombia. Esta se enfocó en el establecimiento de un modelo especial de acusación que incluía sentencias alternativas, principalmente a través de la reducción de penas. Adicionalmente, incluyó algunas medidas sobre derechos de las víctimas, como la creación de la Comisión Nacional para la Reparación y Reconciliación (CNRR), y el Grupo de Memoria Histórica –actualmente el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)– Sin embargo, a pesar de que más de 31.000 combatientes de las AUC se desmovilizaron entre el 2003 y el 2005 bajo supervisión internacional, muchas estructuras paramilitares reemergieron como nuevos grupos armados, conocidos como bandas criminales (BACRIM). Estos, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas están presentes actualmente en 27 de los 32 departamentos colombianos, exacerbando la violencia y desplazamientos forzados en los territorios indígenas.Durante el proceso de consolidación de la justicia transicional en Colombia, la presión de los movimientos sociales, organizaciones de víctimas, feministas y no gubernamentales (ONGs), terminó en la expedición del Auto 004 (2009), el Auto 092 (2008) y el Decreto Ley de Víctimas 4633 de 2011. El primero buscó reconocer la afectación diferencial del CIA sobre los pueblos indígenas con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los indígenas desplazados o en riesgo de estarlo. El segundo, reconocer el impacto diferencial del CIA para las mujeres, dentro del cual incluyó un inciso sobre los riesgos y vulnerabilidad particulares de las mujeres indígenas y afrocolombianas. El último, dictó las medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, los 13 programas especiales que surgieron como respuesta a estas problemáticas aún no han sido protocolizados e implementados. Más aún, a pesar de la reciente inclusión del capítulo étnico en los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC en noviembre del 2016, las tensiones alrededor de los mecanismos de coordinación y rutas de implementación del enfoque étnico han ido en aumento. Mientras tanto, en el plano local, los territorios indígenas siguen siendo zonas disputadas y marcadas por las luchas de poder entre múltiples actores legales e ilegales . En este sentido, en el marco de la implementación de los acuerdos y el proceso de construcción de paz, los desafíos para alcanzar una paz territorial son múltiples y complejos. Más aún, estas amenazas no sólo se configuran como el resultado de nuevas disputas territoriales, políticas y económicas, sino que se presentan como resultado de los continuums de violencia en los que se han visto inmersos los pueblos indígenas históricamente. Dos comunidades amazónicas: la Chorrera y AraracuaraLas prácticas de violencia contra las comunidades indígenas han estado presentes en la región amazónica desde mucho antes del inicio “oficial” de la guerra en Colombia. Su origen se remonta a las primeras oleadas de colonización y políticas públicas que consideraban la Amazonía como “tierras baldías” y a los indígenas como pueblos “salvajes” que debían ser civilizados. Esto es particularmente cierto en el caso de las dos comunidades amazónicas incluidas en este proyecto: La Chorrera y Araracuara. Desde principios del siglo XX, La Chorrera se convirtió en el epicentro del régimen cauchero a través de la instalación del Peruvian Amazon Rubber Company (PARC), también conocida como la Casa Arana. Bajo la dirección de Julio César Arana, la PARC impuso regímenes de exterminio físico y cultural a los grupos indígenas locales. Los abusos sistemáticos – que incluyeron múltiples formas de tortura, explotación y asesinatos – provocaron el exterminio de comunidades enteras y fueron acompañados por la introducción de formas de esclavitud sexual, concubinatos forzados y explotación de niños y jóvenes . Aunque estas prácticas fueron públicamente denunciadas y condenadas, la explotación laboral indígena y el exterminio continuaron en la región durante la mayor parte del siglo XX a través de amenazas, sobornos y un sistema hereditario de deuda. Por su parte, algunos de los pueblos indígenas que lograron escapar del régimen cauchero se instalaron en Araracuara, ubicado en las laderas del río Caquetá. Después de que algunas familias indígenas llegaran a Araracuara y despejaran el territorio, en 1939 se estableció allí una colonia penal y agrícola por órdenes del gobierno nacional. La colonia penal se mantuvo en el territorio hasta 1971, generando violentos procesos migratorios y de deforestación, al tiempo que introdujo las ideas de propiedad de la tierra, el monocultivo, el trabajo asalariado y la economía monetaria al interior de las comunidades. Adicionalmente, los presidiarios y los funcionarios penitenciarios comenzaron a acosar y a perseguir a las mujeres indígenas, lo que provocó enfrentamientos continuos con los miembros de las comunidades locales.A partir de los años ochenta, la región estuvo profundamente marcada por el CIA. La guerrilla de las FARC estableció allí el frente 63, limitando la movilidad de los habitantes indígenas y convirtiendo sus comunidades en lugares de confinamiento. Para contrarrestar a estos grupos subversivos, el gobierno decidió crear dos bases militares en La Chorrera y en Araracuara. De esta manera, las comunidades se encontraron regularmente atrapadas entre fuegos cruzados. Además, el territorio se vio afectado por la creciente entrada de actores económicos ilegales que querían aprovechar los mercados de la bonanza cocalera y, más recientemente, de la minería . Así mismo, la presencia de narcotraficantes y empresas empezó a ofrecer oportunidades de trabajo a muchos hombres y mujeres indígenas de la región, pero aumentó considerablemente los niveles de violencia. La situación llevó a la criminalización de las comunidades, que a menudo fueron estigmatizadas como colaboradoras de grupos armados ilegales . A finales de la década de los 90, la presencia de actores armados en la Amazonía se intensificó con el acuerdo entre el presidente Pastrana y las FARC en el marco de la creación de la “zona de distensión”.En este contexto de violencia continua y explotación económica, las comunidades indígenas lideraron procesos de creación y consolidación de organizaciones indígenas locales, actualmente federadas en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC). En 1985, el Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) fue establecido en Araracuara . Mientras tanto, los indígenas de La Chorrera luchaban por la recuperación de su territorio, cuyo dueño legal era entonces la Caja Agraria, la cual había sido comprada por Julio César Arana. Finalmente, en 1993 fue fundada AZICATH, la actual organización indígena de La Chorrera. Así, las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales han obtenido varias victorias significativas en términos de la recuperación de su cultura y territorio. Sin embargo, no siempre están preparadas para hacer frente a las diferentes amenazas que aún existen para la gestión territorial y los procesos de consolidación de la paz. Uno de los problemas más agudos es el relacionado con el reclutamiento forzado y la afectación de las mujeres indígenas y la juventud . Actualmente, a pesar del reciente acuerdo de paz, el respeto de sus derechos y de su soberanía como comunidades sigue siendo amenazado por muchos factores: el surgimiento de grupos neo-paramilitares, la continua actividad de las disidencias guerrilleras que no se desmovilizaron y la reorganización de las estructuras de poder que involucran a las empresas multinacionales mineras y a las fuerzas gubernamentales en la región. En un momento en que los colombianos comparten la esperanza de vivir en paz, las comunidades indígenas de las regiones amazónicas siguen sometidas al despojo, a la explotación y a las prácticas violentas. Más aún, las crecientes tensiones entre los diferentes grupos que quieren controlar los recursos de la región han producido conflictos interétnicos dentro de las comunidades –las guerras hereditarias– entre los diferentes clanes y los grupos étnicos se han reactualizado para crear nuevas divisiones. Esta situación es especialmente preocupante ya que muchas comunidades amazónicas son extremadamente frágiles, enfrentando un riesgo directo de exterminio físico y cultural: de los 56 grupos indígenas que viven en el Amazonas, 20 cuentan con menos de 500 miembros.Los Pueblos Arhuacos Talanquera de la Sierra Nevada de Santa MartaLa Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada al Norte de Colombia, es el territorio ancestral que comparten los Arhuacos, Koguis, Kankuamos y Wiwas, quienes tienen una organización política compleja. Si bien la Confederación Indígena Tayrona (CIT) constituye el principal órgano representativo de los 45.000 Arhuacos que habitan la zona sureste y noroeste de la Sierra, su territorio se divide en muchos aspectos. En primer lugar, la población Arhuaca tiene tres resguardos reconocidos por el Estado. El principal, el Resguardo Arhuaco de la Sierra, fue establecido en 1983 en las laderas al sureste de la Sierra. Compuesto por 195.000 hectáreas, incluye los centros principales de la comunidad Arhuaca: Nabusímake, Simonorwa, Gun Aruwun y Jeurwa. El Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, también establecido en la década de los 80, es el segundo Resguardo reconocido por el Estado colombiano y se sitúa en las zonas del norte de la Sierra. Incluye a tres pueblos indígenas de la Sierra y está representado por la Organización Gonawindúa Tayrona. Por último, el Resguardo de Businchama es de creación más reciente (1996) e incluye tierras que han sido compradas por las autoridades Arhuacas con ayuda de los subsidios del gobierno. Por otro lado, varias comunidades Arhuacas se han asentado en territorios que aún no han sido reconocidos oficialmente como resguardos, pero que conforman un “cinturón ambiental de protección” que rodea la Sierra Nevada de Santa Marta, incluyendo a los departamentos del Cesar, Magdalena y la Guajira. En este contexto, como parte de una estrategia política diseñada en los 90 para la recuperación del territorio ancestral, el Pueblo Arhuaco ha construido 11 asentamientos de frontera conocidos como “Pueblos Talanquera”. De esta manera, buscan recuperar la “Línea Negra”, una línea que une varios puntos sagrados en diferentes áreas que rodean la Sierra Nevada. De acuerdo con la ley ancestral –Ley de Origen–, un límite espiritual conecta todos los puntos geográficos de la Sierra desde los picos nevados hasta el Mar Caribe. Bajo esta lógica, los recursos naturales de la Sierra constituyen una red equilibrada que es necesario proteger por el bien de los indígenas y no indígenas que habitan en el macizo. Desde el punto de vista de los líderes espirituales, llamados mamus, la misión del pueblo Arhuaco consiste en mantener vivas estas conexiones ambientales a través del ejercicio de gobierno propio y el trabajo espiritual. Sin embargo, como en el caso de la Amazonía, la población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta ha sido históricamente sometida a diversas formas de violencia. Las primeras estuvieron ligadas a la creación de un orfelinato en 1917 por un grupo de misioneros capuchinos. La institución, construida en el centro de la comunidad, fue explícitamente diseñada para debilitar la cultura Arhuaca a través de la expulsión forzada de las familias. La segunda fuente de violencia estuvo relacionada con formas de explotación de trabajo: un gran número de trabajadores Arhuacos, hombres y mujeres, fueron sometidos durante años a diferentes formas de trabajo forzado por parte de los colonos no indígenas bajo un sistema llamado matrícula. Finalmente, la tercera fuente de violencia está relacionada con la desposesión territorial que ocurrió durante el siglo XX y el conflicto armado: muchas familias Arhuacas que vivían en las partes bajas de la Sierra fueron desposeídas por actores legales e ilegales y fueron forzados a asentarse en las partes más altas y seguras de la montaña. En este contexto de múltiples amenazas, el pueblo Arhuaco ha creado sus propias organizaciones y establecido alianzas para defenderse de manera efectiva. En primer lugar, lograron expulsar de manera pacífica a los misioneros capuchinos en 1892, quienes habían controlado el sistema educativo en la Sierra durante 60 años. Así mismo, han tenido éxito en recuperar parcialmente el control de su autonomía económica a través de la compra de tierras y la puesta en marcha de proyectos productivos. Adicionalmente, han logrado detener la invasión progresiva de su territorio a través del reconocimiento Estatal de los resguardos y la extensión del territorio. Sin embargo, aún existen muchas dificultades para el pueblo Arhuaco. Desde 1980, el Pueblo se ha visto fuertemente afectado por el conflicto; actores armados, legales e ilegales, han ejercido presencia en el territorio Arhuaco y han generado dinámicas de violencia que están presentes hasta el día de hoy. Particularmente, las comunidades de los Pueblos Talanquera son probablemente aquellas que se han visto más afectadas por el conflicto armado. Los niveles de violencia en los Pueblos Talanquera se pueden explicar por diferentes elementos. En primer lugar, estos territorios fueron muy atractivos para los actores armados debido a su ubicación geográfica. Al estar ubicados en las tierras bajas y medias de la Sierra, fue más fácil para ellos establecer sus campamentos allí que en las partes altas de la Sierra. Así mismo, estas tierras habían estado ocupadas antes por campesinos no indígenas. Entonces, muchas de estas comunidades se encontraron atrapadas en medio de zonas de conflicto. Un segundo factor está relacionado con la desarticulación entre los poderes indígenas centrales de la CIT y las autoridades locales. Estos últimos deben supervisar y regular los asuntos internos de cada comunidad, incluyendo la justicia, pero también lideran las interacciones con los colonos, campesinos y actores armados que afectan o comparten sus territorios. En parte, esta desarticulación se debe precisamente a la presencia de los actores armados que limitaron el desplazamiento de las autoridades en la Sierra, lo cual significó que muchos líderes locales tuvieron que enfrentarse a un mayor número de retos impuestos por el conflicto, incluyendo los ataques en contra de miembros de las comunidades y el reclutamiento forzado de los jóvenes. En consecuencia, han sido extremadamente vulnerables a diversas violaciones de sus derechos humanos, pero también han creado muchas formas de agencia, resistencia y resiliencia colectiva. A pesar de que los grupos armados ilegales de la Sierra -guerrillas y paramilitares- se han desmovilizado oficialmente, la situación continúa siendo confusa. Si bien las estructuras oficiales han sido oficialmente desintegradas, los miembros de estos grupos aún viven en la región y mantienen un poder importante, en particular debido las economías de tráfico de drogas y el interés en explotar los recursos naturales de la Sierra. En ese sentido, la población Arhuaca de los pueblos talanquera vive en una dinámica de post-acuerdo muy compleja, en la que los grupos indígenas, campesinos y colonos cohabitan con personas desmovilizadas y grupos post-paramilitares. En este contexto, no hay garantía de acceso a la justicia para las comunidades y la articulación con otras comunidades o con las instituciones centrales sigue siendo difícil. Tensiones crecientes Si bien el panorama en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Amazonía difieren en muchos aspectos, también comparten similitudes claves. En ambos casos se trata de comunidades que han sido profundamente marcadas por dinámicas de conflicto a largo plazo, que podrían ser descritas como un continuum de desposesión, explotación y violencia antes y durante el conflicto armado interno. Así mismo, están enfrentándose a retos similares en el actual llamado post-acuerdo. Los líderes indígenas han identificado claramente tres riesgos principales que amenazan el bienestar de sus comunidades, así como sus procesos organizacionales: la presencia continuada de actores armados en sus territorios, la reorganización y rearticulación del poder al interior de los mismos y el interés por la explotación de sus recursos naturales. Entonces, el presente proyecto de investigación busca comprender, desde una perspectiva interseccional e intergeneracional, ¿cómo mitigar los riesgos asociados al post-acuerdo y fomentar la construcción de paz territorial en las comunidades de Araracuara y La Chorrera (Amazonas) y los Pueblos Talanquera de la Sierra Nevada de Santa Marta desde la incidencia política multi-situada y los liderazgos locales?Lo anterior, puesto que la presencia continuada de actores armados en los territorios perpetúa la producción de las mismas dinámicas de violencia bajo otro nombre. Aún más, la salida de facciones desmovilizadas de las FARC ha permitido el ingreso de nuevos actores en disputa por el control territorial. En Araracuara, por ejemplo, miembros de las comunidades indígenas han sido avisados que los nuevos actores armados ilegales empezarán pronto a “recoger” jóvenes para sus filas y las mujeres lideresas están siendo víctimas de amenazas de muerte . Por último, la explotación de recursos naturales a través de prácticas extractivas legales e ilegales, megaproyectos, cultivos ilícitos, entre otros, sigue siendo una amenaza para las comunidades. Más allá del impacto ambiental, esta amenaza se presenta en términos de violencia y desplazamiento, lo cual significaría para muchas comunidades un segundo o tercer proceso de expropiación . Este proyecto hace parte de un proyecto marco, centrado en la dimensión internacional en colaboración con New York University (NYU), y el Wagner Center (Centro de Liderazgo en Acción). Esta dimensión internacional está centrada en la incidencia política de miembros de estas comunidades indígenas en el marco del Foro Permanente de las Cuestiones indígenas de las Naciones Unidas, que se reune en Nueva York todos los años en el mes de Abril. Desde hace más de seis años hemos venido acompañando a mujeres indígenas de estas comunidades en la denuncia de sus casos a nivel internacional a través de un ejercicio de “multi-track diplomacy” en el Foro. La alianza con NYU, existe desde hace más de dos años, y se materializó hace algunos meses a través de la financiación por parte del departamento de estado de los Estados Unidos, y su fondo Partners 1000 k de dos misiones internacionales para que un grupo de representantes de estos procesos locales puedan viajar a la ciudad de Nueva York durante una semana para participar en el Foro. Adicionalmente, una misión de profesores de NYU participar en uno de los eventos locales apoyando el proceso de fortalecimiento de las organizaciones locales en el tema de liderazgo colectivo y movilización de la identidad social en el Foro Permanente.
This research project involves three areas of knowledge of the Universidad del Rosario: the anthropology program, the Center for Peace and Conflict and the Faculty of Jurisprudence. It also articulates participatory action-research work in two very diverse regions of Colombia (the Colombian Caribbean and the Amazon), through an interdisciplinary, intercultural and intergenerational team. From the point of view of its articulation with the processes of human capital formation of academic programs of the University, the work team is composed of two professors (general coordinator and associate coordinator), a doctoral student and a young researcher. Likewise, this project has the leverage of a resource between 40% and 80% of external funding (U.S. government through the 1000K fund) and national indigenous organizations (CIT , AZICATCH and CRIMA ). This project participated in two national and two international calls, obtaining very good qualification, but without being financed. The internal armed conflict (CIA) in Colombia has had a strong impact on indigenous peoples, who have been harmed by different forms of affectation and violation of their individual and collective rights. Likewise, their ancestral territories have been victims of the CIA as they are located in strategic areas for armed actors and traffickers of drugs, weapons and people. According to reports by Stavenhagen and Anaya , the latest special rapporteurs on the rights and guarantees of indigenous peoples in the United Nations system, the CIA has implicated Colombia's indigenous peoples in processes of forced displacement, intergenerational traumas, massacres, forced disappearances, confinement, forced recruitment of indigenous children and youth, practices of sexual violence against indigenous women and girls, and affecting their food sovereignty, sacred sites and traditional knowledge. Since the promulgation of the Justice and Peace Law (975/2005), which established the norms for the reincorporation of the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) into civilian life, the discussion on Transitional Justice processes began to take place for the first time in Colombia. This focused on the establishment of a special accusation model that included alternative sentences, mainly through reduced sentences. In addition, it included some measures on victims' rights, such as the creation of the National Commission for Reparation and Reconciliation (CNRR), and the Grupo de Memoria Histórica - now the Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) - however, despite the fact that more than 31,000 AUC combatants demobilized between 2003 and 2005 under international supervision, many paramilitary structures re-emerged as new armed groups, known as criminal gangs (BACRIM). These, along with the National Liberation Army (ELN) and the Gaitanista Self-Defence Forces are currently present in 27 of Colombia's 32 departments, exacerbating violence and forced displacement in indigenous territories.During the process of consolidation of transitional justice in Colombia, pressure from social movements, victims' organisations, feminists and non-governmental organisations (NGOs) ended in the issuance of Auto 004 (2009), Auto 092 (2008) and Victims Decree Law 4633 of 2011. The first sought to recognize the differential impact of the CIA on indigenous peoples in order to protect the fundamental rights of displaced indigenous people or those at risk of being displaced. The second was to recognize the differential impact of the CIA on women, which included a clause on the particular risks and vulnerability of indigenous and Afro-Colombian women. The last one, dictated the measures of assistance, attention, integral reparation and restitution of territorial rights to the victims belonging to the indigenous peoples and communities. However, the 13 special programmes that emerged in response to these problems have not yet been protocolized and implemented. Moreover, despite the recent inclusion of the ethnic chapter in the agreements signed between the Government and the FARC in November 2016, tensions around the coordination mechanisms and routes for implementing the ethnic approach have been increasing. Meanwhile, at the local level, indigenous territories continue to be disputed areas marked by power struggles between multiple legal and illegal actors. In this sense, in the framework of the implementation of agreements and the peacebuilding process, the challenges to achieve territorial peace are multiple and complex. Moreover, these threats are not only the result of new territorial, political and economic disputes, but also the result of a lack of political will. in which indigenous peoples have been historically immersed. Two Amazonian communities: La Chorrera and AraracuaraPractices of violence against indigenous communities have been present in the Amazon region long before the "official" beginning of the war in Colombia. Their origin goes back to the first waves of colonization and public policies that considered the Amazon as "wasteland" and the indigenous as "savage" peoples who should be civilized. This is particularly true in the case of the two Amazonian communities included in this project: La Chorrera and Araracuara. From the beginning of the 20th century, La Chorrera became the epicenter of the rubber regime through the installation of the Peruvian Amazon Rubber Company (PARC), also known as Casa Arana. Under the direction of Julio César Arana, PARC imposed physical and cultural extermination regimes on local indigenous groups. Systematic abuses - including multiple forms of torture, exploitation and murder - led to the extermination of entire communities and were accompanied by the introduction of forms of sexual slavery, forced concubinage and exploitation of children and youth. Although these practices were publicly denounced and condemned, indigenous labor exploitation and extermination continued in the region for most of the 20th century through threats, bribes, and an inherited system of debt. For their part, some of the indigenous peoples who managed to escape the rubber regime settled in Araracuara, located on the slopes of the Caquetá River. After some indigenous families arrived in Araracuara and cleared the territory, in 1939 a penal and agricultural colony was established there by order of the national government. The penal colony remained in the territory until 1971, generating violent migratory processes and deforestation, at the same time as introducing the ideas of land ownership, monoculture, wage labor and monetary economy within the communities. Additionally, inmates and prison officials began to harass and persecute indigenous women, leading to ongoing clashes with members of local communities.Beginning in the 1980s, the region was deeply marked by the CIA. The FARC guerrilla established the 63rd front there, limiting the mobility of indigenous inhabitants and turning their communities into places of confinement. To counter these subversive groups, the government decided to create two military bases in La Chorrera and Araracuara. In this way, the communities found themselves regularly caught in the crossfire. In addition, the territory was affected by the growing entry of illegal economic actors who wanted to take advantage of the cocalero bonanza and, more recently, mining markets. Likewise, the presence of drug traffickers and companies began to offer job opportunities to many indigenous men and women in the region, but the levels of violence increased considerably. The situation led to the criminalization of communities, which were often stigmatized as collaborators of illegal armed groups. In the late 1990s, the presence of armed actors in the Amazon intensified with the agreement between President Pastrana and the FARC in the framework of the creation of the "détente zone".In this context of continuous violence and economic exploitation, indigenous communities led processes of creation and consolidation of local indigenous organizations, currently federated in the Organization of Indigenous Peoples of the Colombian Amazon (OPIAC). In 1985, the Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) was established in Araracuara. Meanwhile, the indigenous people of La Chorrera were fighting for the recovery of their territory, then legally owned by the Caja Agraria, which had been bought by Julio César Arana. Finally, in 1993 AZICATH was founded, the current indigenous organization of La Chorrera. Thus, indigenous organizations and traditional authorities have obtained several significant victories in terms of the recovery of their culture and territory. However, they are not always prepared to face the different threats that still exist to territorial management and peace-building processes. One of the most acute problems is the forced recruitment and involvement of indigenous women and youth. Currently, despite the recent peace agreement, respect for their rights and sovereignty as communities is still threatened by many factors: the emergence of neo-paramilitary groups, the continued activity of guerrilla dissidents who did not demobilize, and the reorganization of power structures that involve indigenous women and youth.
