La adopción del estado colombiano de la transversalización de género, entendida como un enfoque de política orientado a transformar los procesos de construcción y ejecución de políticas públicas, con el fin de incidir en los diseños institucionales que distribuyen recursos, materiales y simbólicos, entre hombres y mujeres, ha tenido dos consecuencias. Primero, permitió al estado colombiano reconocer a las mujeres rurales como un grupo social heterogéneo, con intereses específicos en el desarrollo agrario del país; y, segundo, facilitó la transformación de los diseños de política pública en el sector rural en beneficio de las mujeres rurales, al menos en una dimensión discursiva. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que el enfoque está débilmente institucionalizado, lo que explica que el proceso de transversalización haya sido discontinuo y con resultados muy tímidos.
