La acción pública de inconstitucionalidad constituye un mecanismo central del control abstracto de constitucionalidad, en tanto permite a la Corte Constitucional someter a examen la compatibilidad entre las normas jurídicas y la Constitución. El presente artículo tiene como objetivo analizar comparativamente la configuración de la acción pública de inconstitucionalidad en Colombia y Ecuador, con el fin de identificar sus principales rasgos normativos y evaluar su impacto en el acceso a la justicia constitucional. El análisis permite identificar que, aunque ambos ordenamientos reconocen formalmente la acción pública de inconstitucionalidad como un mecanismo de participación ciudadana, su diseño institucional y las condiciones de ejercicio presentan diferencias relevantes. Estas divergencias se reflejan en el papel que la acción cumple dentro del sistema de control constitucional y en su capacidad para operar no sólo como un mecanismo de participación, sino como una vía efectiva de acceso a la justicia constitucional.
