El fortalecimiento de los marcos nacionales para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es esencial para proteger no solo la integridad del sistema financiero, sino también la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en el Estado de derecho. En este contexto, el GAFI y el GAFILAT han desarrollado metodologías de evaluación mutua que miden el nivel de cumplimiento técnico y la efectividad práctica de los sistemas nacionales frente a las 40 Recomendaciones del GAFI. Estas evaluaciones abarcan aspectos normativos, institucionales y operativos, identificando tanto fortalezas como debilidades estructurales. Este artículo explora los avances y retrocesos de Bolivia, Bélice y Nicaragua en estas evaluaciones, usando como insumo principal los informes más recientes publicados por GAFILAT, complementados con fuentes académicas relevantes. Las principales debilidades detectadas incluyen fallas en la supervisión de sectores no financieros, en la identificación de beneficiarios finales, y en la generación de datos confiables. A esto se suma que, en algunos casos, los informes tienen varios años de antigüedad, dificultando una lectura actualizada del progreso real. Este rezago representa un reto importante para cualquier estrategia seria de mejora institucional.
