La presente investigación analiza hasta qué punto puede considerarse garante al Oficial de Cumplimiento en Colombia por omisiones impropias en el marco de delitos cometidos en el ámbito empresarial. Con este objetivo, se emplea una metodología jurídico-dogmática sustentada en el estudio de la criminalidad empresarial, la teoría de la omisión, la posición de garante y la regulación colombiana de los sistemas de administración y gestión de riesgos. Así mismo, se evalúa la incidencia de la expansión del Derecho Penal Económico y la complejidad de la estructura empresarial, sobre las funciones atribuidas al Oficial de Cumplimiento. Así, a partir del análisis de las principales posturas doctrinales, se logra concluir que la existencia del cargo y la aceptación de funciones inherentes a este no constituyen, por sí solas, fundamentos suficientes para afirmar la atribución de una posición de garante. En efecto, su eventual configuración exige necesariamente una valoración casuística particular de las competencias efectivamente asumidas, del ámbito de dominio de la fuente de riesgo, de la delegación interna de funciones y de las posibilidades reales de intervención, respondiendo así a los principios de culpabilidad y autorresponsabilidad.
