El presente artículo analiza el régimen jurídico colombiano sobre la estabilidad laboral reforzada aplicable a los trabajadores diagnosticados con VIH/SIDA, con base en un enfoque diferencial de derechos y en el desarrollo normativo y jurisprudencial vigente. A través de un estudio doctrinal, jurisprudencial y práctico, se identifican los principales desafíos legales y sociales que enfrentan tanto los trabajadores como los empleadores en el marco de relaciones laborales condicionadas por situaciones de salud que generan debilidad manifiesta. El trabajo examina las tensiones entre el formalismo legal y la realidad social, el desequilibrio probatorio en contra del empleador, y las dificultades para armonizar derechos fundamentales en conflicto. Además, contrasta las posturas de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional respecto a los requisitos para la desvinculación de trabajadores con fuero de salud, y propone lineamientos prácticos y recomendaciones jurídicas dirigidas a los empleadores y al Estado. Finalmente, se concluye que, pese a los avances normativos, persisten barreras estructurales e institucionales que limitan la eficacia de la estabilidad laboral reforzada para personas diagnosticadas con VIH/SIDA, lo que exige una transformación en la cultura organizacional, el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen el respeto por la dignidad, la salud y el derecho al trabajo de esta población.
This article analyzes the Colombian legal framework regarding reinforced job stability for workers diagnosed with HIV/AIDS, based on a differential rights approach and current normative and jurisprudential developments. Through doctrinal, jurisprudential, and practical analysis, it identifies the main legal and social challenges faced by both workers and employers within labor relationships affected by health conditions that imply manifest weakness. The study explores tensions between legal formalism and social reality, evidentiary imbalances affecting employers, and the difficulties of reconciling fundamental rights in conflict. It also contrasts the positions of the Supreme Court of Justice and the Constitutional Court concerning the requirements for dismissing workers under health-related protection and proposes practical guidelines and legal recommendations for employers and the State. Finally, the paper concludes that, despite regulatory progress, structural and institutional barriers persist that hinder the effective application of reinforced job stability for people diagnosed with HIV/AIDS. These challenges demand a transformation in organizational culture, institutional strengthening, and the implementation of public policies that ensure the protection of dignity, health, and the right to work for this population.
