Existe amplia evidencia de la extensión, el carácter organizado y la dimensión transnacional del fenómeno de la corrupción y del tipo de organizaciones en el que se desarrolla. Sin embargo, los tratados internacionales anticorrupción elaborados en la década de 1990 y a principios del siglo XXI continúan equiparando la corrupción transnacional a ciertas conductas individuales que giran en torno al uso indebido del poder de decisión, o a la alteración de la esencia de un proceso, para beneficio propio o de un tercero. Esto limita significativamente la eficacia de su respuesta, por lo que es necesario revisar esta aproximación con el fin de centrar la prevención, investigación y sanción de este fenómeno en las organizaciones que lo promueven y en la extensión de sus prácticas corruptas.
