The international law response to corruption associated with transnational organized crime
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El acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (‘FARC’), si bien ha significado que estas últimas (a excepción de sus disidencias) se hayan transformado en un movimiento político, no ha supuesto en ningún caso la finalización de las dinámicas de violencia en Colombia. Las economías ilegales, especialmente aquellas desarrolladas alrededor del narcotráfico, se mantienen en muchas de las regiones más apartadas del territorio nacional, lo que ha favorecido la pervivencia de numerosas organizaciones armadas ilegales que siguen amenazando a las comunidades y llegan en ocasiones a afectar el orden público y la seguridad nacional.Estas organizaciones, que conforman un sistema organizacional que fluctúa de acuerdo con las condiciones del contexto, constituyéndose en redes de grupos e individuos en proceso de constante adaptación, han sido clasificadas en diversas categorías: (i) Grupos Armados Organizados (‘GAOs’), que tienen mayor capacidad para el uso de la fuerza y la regulación de dinámicas territoriales (Clan del Golfo, los Puntilleros, el Ejército de Liberación Nacional (‘ELN’), y los Pelusos); (ii) Grupos Armados Organizados Residuales (‘GAORs’), categoría utilizada para incluir a las disidencias de las FARC; (iii) Grupos Delincuenciales Organizados (‘GDOs’), que disponen de menor capacidad de uso de la fuerza armada, de manera que, si bien pueden afectar el orden público y amenazar a las comunidades, no llegan a poner en riesgo la seguridad nacional (los Rastrojos, los Caqueteños, la Cordillera o los Botalones); y (iv) otros grupos que actúan en los procesos de producción y tráfico de drogas, como ‘agencias de cobro’, grupos criminales menores, e individuos y narcotraficantes de menor visibilidad. Sin embargo, en diferentes estudios, un buen número de estas organizaciones son incluidas en la categoría general de bandas criminales (‘Bacrim’), que emergieron tras la desmovilización parcial de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, como parte de la lógica adaptativa del sistema organizacional de la economía ilegal del narcotráfico. Las Bacrim han sido definidas por el International Crisis Group (2012) como ‘estructuras delincuenciales, nacionalmente desarticuladas, con un alto poder corruptor, intimidador y armado que han combinado la producción y comercialización de drogas con la afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en la periferia de algunos centros urbanos del país’. Rojas (2011) afirma que, si bien las Bacrim no buscan el poder político, su objetivo principal es alcanzar el poder económico y social a través de acciones de violencia focalizada, con un ámbito de actuación transnacional. Para Prieto (2013), las Bacrim constituyen un fenómeno (i) propio del crimen organizado; (ii) construido alrededor del narcotráfico y otras actividades económicas lícitas e ilícitas como la minería, la micro- extorsión o el micro-tráfico; (iii) desligado teóricamente de las lógicas del conflicto armado en términos jurídicos y militares; (iv) de bajo perfil, urbano, con estructuras en su mayoría no militares, pero con capacidad para administrar territorios y ejercer amplio control social en lo local; (v) con capacidad para realizar alianzas transitorias con grupos guerrilleros en el nivel nacional, y con cárteles y redes criminales a nivel internacional; (vi) con capacidad para infiltrar instituciones y corromper miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos; y (vii) responsable de un número significativo de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y hechos de reclutamiento forzado de menores, entre otros hechos delictivos. El sistema organizacional alimentado por las economías ilegales desarrolladas en torno al narcotráfico en Colombia, no es aislado, ni se limita territorialmente al territorio colombiano. De hecho, el sistema traspasa las fronteras de los Estados y se constituye como un verdadero sistema transnacional, fruto de la alta demanda de estupefacientes en diferentes lugares del mundo, lo que genera el incentivo para producirlos y transportarlos a los grandes centros de consumo global. En este sentido, Prieto (2013) subraya en relación con las Bacrim, que miembros de sus brazos armados o financieros mantienen presencia física constante en países limítrofes con debilidades en las zonas fronterizas, como Venezuela, Ecuador o Perú. Además, tienen estrechos vínculos con organizaciones delictivas locales en países con alta participación en eslabones importantes del narcotráfico, como es el caso de México. Sus contactos se extienden también a países como Honduras y Panamá en Centro-América, y Argentina, Bolivia y Paraguay en Suramérica, con el fin de llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de bienes, lavado de activos y testaferrato. Así mismo, mantienen puntos de enlace para el narcotráfico en otros países de Suramérica como Brasil y Chile, y su ámbito de acción e influencia llega incluso hasta los mercados de destino, y en particular hasta los EEUU (donde para septiembre de 2011 más de un centenar de personas relacionadas con las Bacrim habían sido acusados en el sur de Florida) y Europa (especialmente, España). Para poder desplegar sus actividades a lo largo del tiempo, las Bacrim, al igual que otras organizaciones del crimen transnacional organizado, requieren, entre otras cosas, disponer de una conexión estructural con los poderes públicos (administrativo, legislativo y judicial) y privados (en particular el sector financiero) del ámbito en el que operan, lo que hace que la corrupción juegue ‘un papel medular’ en sus actividades (Domine, 2007). Esta conexión estructural entre las organizaciones del crimen transnacional organizado y los poderes públicos y privados del ámbito en el que operan, ha sido especialmente analizada en relación con los cárteles del narcotráfico mexicanos. Estos actúan junto a funcionarios públicos corruptos o dentro de un marco de aquiescencia, complacencia, no intervención o incorrecta intervención del Estado (Rexton, 2016). En consecuencia, agencias y agentes estatales coparticipan activa o pasivamente de las actividades criminales (Medel & Thoumi, 2014). Además, una vez establecidos los pactos corruptos, la violencia se aplica no solo entre competidores por el mercado ilegal, sino también contra los funcionarios públicos no corruptos (Paternostro, 1995).Esta situación, permite que, debido a su estrecho contacto con el sistema financiero legal y con el sistema político encargado de diseñar la legislación y promover su aplicación, las organizaciones del crimen transnacional organizado, como las Bacrim y los cárteles mexicanos, no lleven a cabo sus transacciones ilícitas aprovechándose de ‘vacíos legales’, sino de la interacción social con las autoridades en los territorios y jurisdicciones en los que realizan sus actividades (Kleemans, 2014).A la luz de lo anterior, Rodríguez (2010) subraya que este tipo de organizaciones constituye una de las principales amenazas que enfrenta en este momento América Latina, lo cual es confirmado por Garzón (2012) cuando afirma que ‘el crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina, posicionándose como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales, y poniendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático’. En consecuencia, la existencia de organizaciones como las Bacrim o los cárteles mexicanos se considera como una amenaza importante para las instituciones, puesto que su poder socio- económico les permite sobornar funcionarios, interferir en procesos democráticos, afectar la manera en que ciudadanos y comunidades se relacionan con la institucionalidad (perpetuando escenarios de ilegalidad) y propiciar el retroceso de la acción de los Estados en materia de política social, administración de justicia y gobernanza local (Olasolo & Galain 2018). A esto hay que añadir que los costos humanos y sociales de la actuación de las Bacrim son muy altos, debido al elevado número de homicidios, secuestros extorsivos, actos de terror hacia la población y desplazamientos forzado que cometen, además de los problemas de salud pública derivados del micro-tráfico de drogas que generan en las comunidades en las que operan.Ante esta situación, se observa que las antiguas estructuras jurídicas de prevención, control y sanción, tanto en el ámbito interno, como en el internacional, han quedado obsoletas para enfrentar con eficacia a auténticas organizaciones profesionales del crimen transnacional en Colombia y las Américas, que tienen como medio de vida las transacciones prohibidas, conocen en detalle el área en el que operan, obtienen unos beneficios que superan el producto interior bruto de una buena de los Estados de la región, y tienen como elementos centrales de su actividad: (i) la corrupción de los distintos poderes públicos y privados en los distintos ámbitos materiales y territoriales (local, regional, nacional e internacional) en los que actúan; y (ii) el uso de los últimos avances tecnológicos y de las posibilidades que ofrece un sistema financiero global desregulado (Hagan, 1983; Zaffaroni, 1999; Aronowitz, 2003; Obokata, 2006).En este contexto, se plantea la necesidad de recurrir al derecho internacional para incrementar la eficacia de la respuesta jurídica frente a estas organizaciones y a sus prácticas de corrupción. El presente proyecto se dirige a proponer medidas para el fortalecimiento de la respuesta a la corrupción asociada al crimen transnacional organizado ofrecida por el derecho internacional. Para ello, se abordarán en particular las herramientas que ofrece el derecho penal transnacional y el derecho internacional penal. Así mismo, se estudiará si la eficacia de dichas herramientas podría verse reforzada por la utilización de algunos de los mecanismos de aplicación del derecho internacional penal, como sería la creación de una Corte Latino- Americana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado (con inclusión, o no, de una agencia supranacional de recogida y análisis de información). Este análisis será complementado con el estudio de las implicaciones de la creación de una institución de estas características desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
The peace agreement signed on 24 November 2016 between the Government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia ('FARC'), although it has meant that the latter (with the exception of their dissidents) have transformed into a political movement, has in no way meant the end of the dynamics of violence in Colombia. The illegal economies, especially those developed around drug trafficking, remain in many of the most remote regions of the national territory, which has favoured the survival of numerous illegal armed organisations that continue to threaten communities and sometimes even affect public order and national security. These organisations, which form an organisational system that fluctuates according to the conditions of the context, constituting networks of groups and individuals in a process of constant adaptation, have been classified into various categories: (i) Organized Armed Groups ('GAOs'), which have greater capacity for the use of force and the regulation of territorial dynamics (Gulf Clan, the Puntilleros, the National Liberation Army ('ELN'), and the Pelusos); (ii) Organized Resident Armed Groups ('GAORs'), a category used to include FARC dissidents; (iii) Organized Criminal Groups ('GDOs'), which have less capacity to use armed force, so that, although they may affect public order and threaten communities, they do not endanger national security (the Rastrojos, the Caqueteños, the Cordillera or the Botalones); and (iv) other groups involved in drug production and trafficking, such as 'collection agencies', minor criminal groups, and less visible individuals and drug traffickers. However, in different studies, a good number of these organizations are included in the general category of criminal gangs ('Bacrim'), which emerged after the partial demobilization of the paramilitary groups between 2003 and 2006, as part of the adaptive logic of the organizational system of the illegal drug trafficking economy. The Bacrim have been defined by the International Crisis Group (2012) as 'nationally disarticulated criminal structures with high levels of corruption, intimidation and armed power that have combined the production and commercialization of drugs with the violent affectation of citizens' rights and liberties in rural areas and on the periphery of some urban centres in the country'. Rojas (2011) states that, although the Bacrim do not seek political power, their main objective is to achieve economic and social power through targeted violence, with a transnational scope of action. For Prieto (2013), the Bacrim is a phenomenon (i) typical of organized crime; (ii) built around drug trafficking and other legal and illegal economic activities such as mining, micro-extortion or micro-trafficking; (iii) theoretically detached from the logic of the armed conflict in legal and military terms; (iv) low-profile, urban, with mostly non-military structures, but with the capacity to manage territories and exercise broad social control at the local level; (v) with the capacity to make temporary alliances with guerrilla groups at the national level, and with cartels and criminal networks at the international level; (vi) with the capacity to infiltrate institutions and corrupt members of the security forces and public officials; and (vii) responsible for a significant number of massacres, murders, forced displacements, extortion and forced recruitment of minors, among other crimes. The organizational system fed by the illegal economies developed around drug trafficking in Colombia is not isolated, nor is it limited territorially to Colombian territory. In fact, the system goes beyond State borders and is a truly transnational system, the result of the high demand for narcotics in different parts of the world, which generates the incentive to produce them and transport them to the major centres of global consumption. In this sense, Prieto (2013) emphasizes in relation to the Bacrim, that members of their armed or financial arms maintain constant physical presence in neighboring countries with weaknesses in the border areas, such as Venezuela, Ecuador or Peru. In addition, they have close links with local criminal organizations in countries with high participation in important drug trafficking links, such as Mexico. Their contacts also extend to countries such as Honduras and Panama in Central America, and Argentina, Bolivia and Paraguay in South America, in order to carry out their operations of drug trafficking, arms trafficking, smuggling of goods, money laundering and front men. They also maintain liaison points for drug trafficking in other countries in South America such as Brazil and Chile, and its scope of action and influence extends even to the destination markets, and in particular to the USA (where by September 2011 more than a hundred people related to the Bacrim had been charged in South Florida) and Europe (especially Spain). In order to be able to deploy their activities over time, the Bacrim, like other transnational organized crime organizations, require, among other things, a structural connection with the public (administrative, legislative and judicial) and private (in particular the financial sector) authorities in the area in which they operate, which makes corruption play 'a central role' in their activities (Domine, 2007). This structural connection between transnational organized crime organizations and the public and private powers in the area in which they operate has been especially analyzed in relation to the Mexican drug cartels. They act alongside corrupt public officials or within a framework of acquiescence, complacency, non-intervention or improper state intervention (Rexton, 2016). Consequently, state agencies and agents actively or passively participate in criminal activities (Medel & Thoumi, 2014). Moreover, once corrupt pacts are established, violence is applied not only between competitors for the illegal market, but also against non-corrupt public officials (Paternostro, 1995).This situation means that, because of their close contact with the legal financial system and with the political system responsible for designing legislation and promoting its application, transnational organized crime organizations such as the Bacrim and Mexican cartels do not carry out their illegal transactions by taking advantage of "legal loopholes", but rather of social interaction with the authorities in the territories and jurisdictions where they carry out their activities (Kleemans, 2014).In light of the above, Rodriguez (2010) emphasizes that this type of organization constitutes one of the main threats currently facing Latin America, which is confirmed by Garzón (2012) when he states that 'organized crime is undergoing substantial and constant changes in Latin America, positioning itself as one of the relevant strategic actors in the hemisphere, reconfiguring territorial borders, playing an important role in the economy, penetrating political and social structures, and putting into play the progress made in building the state and the democratic system'. Consequently, the existence of organizations such as the Bacrim or the Mexican cartels is considered a major threat to institutions, since their socio-economic power allows them to bribe officials, interfere in democratic processes, affect the way citizens and communities relate to institutions (perpetuating scenarios of illegality) and lead to the reversal of state action in social policy, administration of justice and local governance (Olasolo & Galain 2018). In addition, the human and social costs of the Bacrim's actions are very high, due to the high number of homicides, extortive kidnappings, acts of terror against the population and forced displacements that they commit, in addition to the public health problems derived from the micro-trafficking of drugs that they generate in the communities where they operate.Given this situation, it can be seen that the old legal structures for prevention, control and punishment, both at the domestic and international levels, have become obsolete in order to effectively deal with genuine professional transnational criminal organizations in Colombia and the Americas, whose livelihoods are based on prohibited transactions, who know in detail the area in which they operate, who obtain profits that exceed the gross domestic product of a good number of the region's States, and who have as their central elements of activity: (i) the corruption of the various public and private authorities in the different material and territorial areas (local, regional, national and international) in which they operate; and (ii) the use of the latest technological advances and the possibilities offered by a deregulated global financial system (Hagan, 1983; Zaffaroni, 1999; Aronowitz, 2003; Obokata, 2006).In this context, there is a need to resort to international law to increase the effectiveness of the legal response to these organizations and their corrupt practices. The present project aims to propose measures for strengthening the response to corruption associated with transnational organized crime offered by international law. To this end, it will address in particular the tools offered by transnational criminal law and international law.
