Strengthen environmental democracy and sustainable development in Colombia through the implementation of the Escazú Agreement
Grant
Overview
Affiliation
Research
View All
Overview
abstract
En Costa Rica, el pasado domingo 4 de marzo, 25 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia, y con la significativa participación del público, adoptaron por consenso un histórico tratado internacional que crea estándares de implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, conocidos como los tres pilares de la democracia ambiental, consagrados desde 1992 en el Principio 10 de la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Este acuerdo regional ahora denominado “Acuerdo de Escazú” se empezó a negociar desde 2014 bajo la secretaría técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y alcanzó nueve rondas de discusión, en las cuales la profesora Lina Muñoz participó en su totalidad y en donde se hizo parte de redes nacionales e internacionales sobre el tema.El objetivo de este novedoso instrumento jurídico es garantizar la completa y efectiva implementación en la región de los derechos de acceso en la gestión ambiental con el fin de contribuir a la protección de los derechos a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Este acuerdo de carácter vinculante es un triunfo colectivo sin precedentes para América Latina y el Caribe al incorporar medidas de avanzada sobre temas ambientales.¿Cómo podría incidir el Acuerdo de Escazú en la Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe, y particularmente en Colombia?Colombia y en general, los países de América Latina y el Caribe han recorrido un camino voluntario durante más de 25 años hacia la construcción de una arquitectura institucional y normativa para la materialización de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. El surgimiento del Acuerdo de Escazú sobre este tema, marca una nueva ruta hacia el futuro que plantea un tránsito desde las acciones nacionales de carácter discrecional hacia un compromiso vinculante por garantizar la efectividad de estos derechos. El panorama actual de América Latina y el Caribe y el colombiano en este aspecto, muestran por una parte la existencia de diversos desarrollos jurídicos y de políticas y prácticas que reflejan avances positivos y por otra, que sin duda se requiere un esfuerzo de mayor magnitud para dejar de ser la región y el país del mundo con el mayor número de conflictos ambientales y amenazas a los defensores, y que justamente, el Acuerdo de Escazú plantea respuestas frente a dicha situación. Dentro de los beneficios del Acuerdo para los países que se hagan parte del mismo, en materia de gobernanza ambiental, se encuentran la oportunidad de fortalecer sus instituciones y trabajar sobre las debilidades de los marcos legales y de política pública, así como el establecer estándares mínimos de implementación que se conviertan en un piso común para la lucha contra las problemáticas ambientales. También introduce elementos innovadores respecto de la creación y fortalecimiento de capacidades de los Estados Parte; y de asistencia, movilización de recursos y cooperación Sur - Sur entre los países latinoamericanos y caribeños. De igual forma, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado internacional en pedir a los Estados medidas efectivas y adecuadas de protección de los derechos humanos de los defensores ambientales y que se les generen entornos seguros. La entrada en vigor del Acuerdo determinará múltiples oportunidades para robustecer la gobernanza ambiental, pero de igual forma, requerirá de altas dosis de voluntad política por parte de los gobiernos para lograr los ajustes internos necesarios que permitan que sus disposiciones permeen las estructuras nacionales; y de procesos de articulación que propicien alianzas desde un enfoque multi-nivel y multi-actor. Así mismo, el Acuerdo de Escazú ingresa al derecho internacional ambiental, con una perspectiva de derechos humanos en la gestión ambiental y con una mirada procedimental que complementa el contenido del derecho al ambiente sano y busca el logro del desarrollo sostenible. Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales también han sido reconocidos por las Naciones Unidas como un instrumento fundamental para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030. Estos tres pilares de la democracia ambiental son un medio para que los países de la región, como Colombia, puedan demostrar de forma simultánea mayores y mejores avances en el cumplimiento de otros compromisos y agendas internacionales, como las obligaciones en temas de cambio climático, de otros acuerdos multilaterales ambientales y de la OCDE.Ahora que la negociación culminó, los países de la región se encuentran en un momento clave pues tienen la tarea de iniciar los trámites nacionales de firma, aceptación o ratificación e implementación. Colombia tiene que tomar la decisión de entrar o no en el acuerdo y de hacerlo, el trámite para su ingreso tomará aproximadamente en total tres años entre el Congreso, la Corte Constitucional y en la Cancillería, por lo cual todas las investigaciones y acciones que se desarrollen en este momento serán determinantes. Cuando al menos 11 naciones lo hayan ratificado, este acuerdo entrará en vigencia. El acuerdo compuesto por 26 artículos estará abierto a la firma de cualquiera de los 33 países de América Latina y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York desde el 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020.
In Costa Rica, last Sunday, March 4, 25 countries of Latin America and the Caribbean, including Colombia, and with significant public participation, adopted by consensus an historic international treaty that sets standards for the implementation of the rights of access to information, participation and justice in environmental matters, known as the three pillars of environmental democracy, enshrined since 1992 in Principle 10 of the Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development. This regional agreement, now called the "Escazú Agreement", began to be negotiated in 2014 under the technical secretariat of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and reached nine rounds of discussion, in which Professor Lina Muñoz participated in its entirety and became part of national and international networks on the subject.The objective of this new legal instrument is to guarantee the complete and effective implementation in the region of access rights in environmental management in order to contribute to the protection of the rights to live in a healthy environment and to the sustainable development of present and future generations. This binding agreement is an unprecedented collective triumph for Latin America and the Caribbean by incorporating advanced measures on environmental issues.How could the Escazú Agreement affect environmental governance in Latin America and the Caribbean, and particularly in Colombia?Colombia and in general, the countries of Latin America and the Caribbean have traveled a voluntary path for more than 25 years towards the construction of an institutional and normative architecture for the materialization of the rights of access to information, participation and justice in environmental matters enshrined in Principle 10 of the Rio Declaration of 1992. The emergence of the Escazú Agreement on this issue marks a new route into the future that proposes a transition from discretionary national actions to a binding commitment to guarantee the effectiveness of these rights. The current panorama of Latin America and the Caribbean and Colombia in this regard show, on the one hand, the existence of various legal developments and policies and practices that reflect positive advances and, on the other hand, that it undoubtedly requires a greater effort to stop being the region and country in the world with the greatest number of environmental conflicts and threats to human rights defenders, and that the Escazú Agreement rightly proposes responses to this situation. Among the benefits of the Agreement for the countries that become part of it, in terms of environmental governance, are the opportunity to strengthen their institutions and work on the weaknesses of the legal and public policy frameworks, as well as the establishment of minimum implementation standards that become a common floor for the fight against environmental problems. It also introduces innovative elements regarding the creation and strengthening of the capacities of the States Parties; and assistance, resource mobilization and South-South cooperation between Latin American and Caribbean countries. Similarly, the Escazú Agreement is the first international treaty to ask States to take effective and adequate measures to protect the human rights of environmental defenders and to create safe environments for them. The entry into force of the Agreement will determine multiple opportunities to strengthen environmental governance, but in the same way, it will require high doses of political will on the part of governments to achieve the necessary internal adjustments that allow its provisions to permeate national structures; and articulation processes that promote alliances from a multi-level and multi-stakeholder approach. Likewise, the Escazú Agreement enters international environmental law, with a human rights perspective in environmental management and with a procedural approach that complements the content of the right to a healthy environment and seeks to achieve sustainable development. The rights of access to information, participation and justice in environmental matters have also been recognized by the United Nations as a fundamental instrument for the implementation of the 17 Sustainable Development Goals and Agenda 2030. These three pillars of environmental democracy are a means for the countries of the region, such as Colombia, to simultaneously demonstrate greater and better progress in fulfilling other international commitments and agendas, such as obligations on climate change, other multilateral environmental agreements and the OECD.Now that the negotiation is over, the countries of the region are at a key moment as they have the task of initiating the national procedures for signature, acceptance or ratification.
