En Colombia, la garantía de los derechos humanos de la población carcelaria ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. A pesar de la obligatoriedad que señala el ordenamiento jurídico de tomar medidas, la situación en la práctica es cada vez más preocupante. La pandemia por el covid-19 agudizó esta situación, mostrando aún más la precariedad de las condiciones de vida y la falta de medidas adecuadas por parte del Estado para proteger la vida, la salud y la dignidad de la población carcelaria.
