Los sistemas de justicia transicional generalmente apuntan a lograr dos objetivos. Una es llevar ante la justicia a los perpetradores de atrocidades pasadas para garantizar que no queden impunes, lo que implica que el Estado cumpla con su deber de investigar, procesar y castigar violaciones graves de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario (DIH). El otro es lograr la reconciliación para sanar una sociedad dividida y lograr la paz y la estabilidad. Esto normalmente requiere la adopción de medidas de clemencia, como la concesión de amnistía, para que quienes participaron en el pasado violento del país puedan volver a la vida civil. El uso del DIH es relevante para lograr ambos objetivos porque su naturaleza compleja significa que proporciona la base jurídica para su implementación. Sin embargo, esta misma complejidad puede significar que existen contradicciones o complementariedades entre sus características. Este artículo analiza el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, mostrando cómo esta jurisdicción de transición ha utilizado el DIH como base jurídica tanto para investigar, procesar y sancionar violaciones graves cometidas durante el conflicto armado colombiano como para otorgar amnistía a aquellos que participaron en las hostilidades. Estos diferentes usos por parte de la JEP demuestran que el DIH es una herramienta flexible que puede facilitar el proceso de lograr justicia y paz una vez finalizado un conflicto. juzgar y sancionar las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado colombiano y conceder amnistía a quienes participaron en las hostilidades. Estos diferentes usos por parte de la JEP demuestran que el DIH es una herramienta flexible que puede facilitar el proceso de lograr justicia y paz una vez finalizado un conflicto. juzgar y sancionar las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado colombiano y conceder amnistía a quienes participaron en las hostilidades. Estos diferentes usos por parte de la JEP demuestran que el DIH es una herramienta flexible que puede facilitar el proceso de lograr justicia y paz una vez finalizado un conflicto.
Transitional justice systems generally aim to achieve two goals. One is to bring the perpetrators of past atrocities to justice to ensure that they do not go unpunished, which involves the State fulfilling its duty to investigate, prosecute and punish serious human rights violations and breaches of international humanitarian law (IHL). The other is to bring about reconciliation to heal a divided society and achieve peace and stability. This normally requires the adoption of measures of clemency, such as granting amnesty, so that those who took part in the country's violent past can return to civilian life. The use of IHL is relevant in attaining both these goals because its complex nature means that it provides the legal basis for their implementation. However, this very complexity can mean that there are contradictions or complementarities between its characteristics. This article looks at the case of the Special Jurisdiction for Peace (JEP) in Colombia, showing how this transitional jurisdiction has used IHL as a legal basis both for investigating, prosecuting and punishing serious violations committed during the Colombian armed conflict and for granting amnesty to those who took part in the hostilities. These different uses by the JEP demonstrate that IHL is a flexible tool that can facilitate the process of delivering both justice and peace after a conflict has ended.
