La corrupción estructural existente en América Latina es uno de los principales obstáculos para la eficaz promoción y protección de los derechos humanos, afectando especialmente a esa amplia parte de la población que se encuentra en situación de pobreza debido a su condición de vulnerabilidad. A pesar de esta realidad, las principales convenciones anticorrupción de ámbito universal y regional han adoptado una definición jurídico-internacional del fenómeno que desconoce su naturaleza estructural, para centrarse en la prohibición de ciertas acciones individuales que giran en torno al uso indebido del poder de decisión, o a la alteración de la esencia de un proceso, para beneficio propio o de un tercero. Con ello se limita el tipo de medidas anticorrupción consideradas idóneas para enfrentar el problema, y se dificulta notablemente la determinación de responsabilidades y la recuperación de activos, debido a los obstáculos que genera para analizar las prácticas estructurales de corrupción en aquellas instituciones públicas y organizaciones privadas en las que se presentan. Ante esta situación, el presente trabajo analiza el alcance y limitaciones de las respuestas ofrecidas para abordar el fenómeno de la corrupción estructural desde una perspectiva de derechos humanos, que pone el énfasis en sus consecuencias, situando de esta manera en el centro del análisis el daño causado a las víctimas y su coste para la sociedad.
