En Colombia, en el año 2018, el 77,1% de la población se localizaba en cabeceras municipales. Bogotá continúa siendo la ciudad de mayor jerarquía, tanto por su población como por la contribución al PIB nacional, que en 2018 fue de 25,6%. Como bien lo señala el Sistema de Ciudades (Barco, 2014) y Hábitat III (ONU Hábitat. 2016), las aglomeraciones urbanas son determinantes para el desarrollo económico y social. La administración de las ciudades deberá proyectar sistemas fiscales capaces de proveer todas las inversiones necesarias tanto en el corto como en el largo plazo, que aseguren una mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Para ello, la generación de recursos propios, mayor autonomía en la generación de impuestos y la asignación de sus gastos son elementos fundamentales para mejorar la provisión de servicios públicos, y el fortalecimiento de la capacidad de recuperación del valor del suelo generado por las inversiones públicas en los territorios. Además de los efectos esperados sobre la calidad de vida urbana de los individuos, la existencia de finanzas locales más flexibles contribuye a la generación de mayores ingresos para los territorios.
