La presente investigación pretende identificar los principales cambios promulgados por el Estado y sus instituciones para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población migrante no regularizada. Teniendo en cuenta dicha regulación, así como las subreglas emitidas por la Corte Constitucional en fallos en los que los mismos migrantes interpusieron tutelas para proteger su derecho a la salud (así no sean casos de Covid-19), el propósito principal es analizar si el marco normativo y la jurisprudencia ha sido suficiente para proteger el derecho a la salud de esta población al haberse contagiado de Covid-19.
