Resumen
- Los programas de formalización de la propiedad creados como instrumento para la sustitución de cultivos de uso ilícito se sustentan en el supuesto de que existe una relación entre la seguridad de los derechos de propiedad de los campesinos y la disminución en las áreas que se utilizan para la siembra de cultivos de uso ilícito (incentivo positivo). Esto, por un lado, porque la propiedad conlleva el acceso a bienes públicos y recursos privados, ventajas que se obtienen solo cuando se tiene el dominio sobre un predio. Por otro, la política contiene incentivos negativos, los nuevos propietarios tienen poderosos motivos para no resembrar, puesto que hacerlo implicaría la aplicación de la extinción del dominio. En este artículo mostramos, desde el análisis institucional, que las ventajas de la formalización no son una consecuencia necesaria e inmediata de la titularidad del derecho de dominio, y que, por el contrario, la extinción del dominio sí tiene la potencialidad de ocurrir y de agravar la situación de la población vulnerable, la cual, sin la adecuada dotación de bienes, no podría cumplir por sí misma los compromisos de la formalización.