Los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva en la actualidad han trascendido los límites normativos y doctrinales en los que tradicionalmente se les había enmarcado, pasando a constituirse como auténticos pilares del desarrollo desde la perspectiva de la capacidad con que cuentan las instituciones que prestan servicios en el ámbito de la administración de justicia para responder a los desafíos derivados de esta transformación conceptual, materializados en la noción de las necesidades jurídicas. Dentro de este contexto, la figura de la defensoría pública juega un papel determinante, puesto que constituye el canal a través del cual se hace posible que la población que no cuenta con la posibilidad de sufragar los costos de un abogado de confianza pueda acceder al sistema de justicia y obtener la atención de sus necesidades jurídicas. Sin embargo, es dable preguntarse si la institucionalidad de la defensoría pública resulta adecuada en este nuevo contexto o si es necesario replantear algunas de sus bases tradicionales. En ese orden de ideas, el objetivo del presente estudio no es otro que el de analizar la estructura institucional del servicio defensorial colombiano con el fin de determinar si el mismo se encuentra diseñado institucionalmente para dar respuesta adecuada a los desafíos derivados de las denominadas necesidades jurídicas insatisfechas y de plantear una propuesta de mejoramiento integral. Para ello, se parte de un caso paradigmático de estudio: el del derecho administrativo, puesto que, en la actualidad, las necesidades jurídicas relacionadas con el Estado son las que representan el mayor índice de insatisfacción.