El presente artículo analiza la dualidad que presenta la implementación de contratos inteligentes (smart contracts) en el sector financiero colombiano. Por un lado, esta tecnología se proyecta como un motor de transformación capaz de automatizar la ejecución de acuerdos, reducir costos, minimizar errores operativos y fortalecer la transparencia y trazabilidad de las transacciones. Su viabilidad no es meramente teórica, como lo demuestra el Sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde proyectos piloto evidencian mejoras significativas en eficiencia y agilidad de procesos. Asimismo, el marco jurídico colombiano ofrece un sustento inicial, al reconocer la Ley 527 de 1999 la validez de la contratación electrónica y, por extensión, de los contratos inteligentes como figuras atípicas pero válidas. No obstante, este desarrollo enfrenta riesgos legales y operativos sustanciales. La inmutabilidad de blockchain plantea tensiones con derechos como el olvido, mientras que la descentralización diluye la figura del responsable del tratamiento de datos, dificultando la supervisión y el ejercicio de derechos. A ello se suman los riesgos derivados de la automatización, las limitaciones en el deber de información al consumidor financiero, y los desafíos de integridad de datos, ciberseguridad y prevención del lavado de activos. El artículo concluye que la adopción de smart contracts en el sector financiero requiere un marco regulatorio específico y la colaboración entre reguladores, tecnólogos y juristas para garantizar innovación responsable, seguridad jurídica y protección efectiva de los usuarios.