El documento presenta un análisis crítico, tanto dogmático como procesal, de la sentencia SP022-2025 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la condena impuesta a Daneidy Barrera Rojas (“Epa Colombia”) por el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y otros cargos derivados de los hechos ocurridos durante el paro nacional del 21 de noviembre de 2019. En el plano dogmático, el estudio sostiene que la Corte realizó una interpretación extensiva e injustificada del concepto de “finalidad terrorista”, desconociendo los elementos estructurales del tipo penal del artículo 343 CP: idoneidad de los medios, gravedad del daño, capacidad de generar terror colectivo y propósito deliberado de intimidar a la población o al Estado. Con fundamento en doctrina especializada —incluyendo la crítica sobre la “inflación del concepto de terrorismo” (Fakhouri)—, el texto argumenta que los hechos constituyen vandalismo agravado, pero no terrorismo ni instigación a actos terroristas, pues no existió animus terroris ni medios capaces de causar estragos masivos. En materia procesal, se denuncia que el juez de conocimiento omitió el control material exigido por la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia constitucional, especialmente frente a allanamientos en delitos de alta gravedad. La decisión habría validado un encuadre típico incompatible con los hechos aceptados, vulnerando el debido proceso, la tipicidad estricta y el papel del juez como garante. El documento resalta que esta omisión se vio agravada por deficiencias estructurales de la defensa pública, que no contó con tiempo ni herramientas para un contradictorio real. Asimismo, se expone el trasfondo político-criminal de la sentencia, la cual sería reflejo de una tendencia expansiva del derecho penal en contextos de protesta social, desplazando la función de última ratio y acercándose a un derecho penal del enemigo. Finalmente, se examina el posterior traslado de la condenada a una guarnición policial, señalando las tensiones de igualdad y motivación que esa decisión administrativa plantea dentro del sistema penitenciario. En suma, el documento concluye que la SP022-2025 evidencia una ruptura del equilibrio entre eficacia y garantía, comprometiendo la legalidad estricta, la proporcionalidad punitiva y la legitimidad del ius puniendi en un Estado Social de Derecho.