Este trabajo analiza las implicaciones jurídicas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia para el ordenamiento disciplinario colombiano, centrándose en la tensión entre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y la preservación de las competencias constitucionales de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a funcionarios de elección popular. A partir del estudio de la sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, la Ley 2094 de 2021 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, se examina en qué medida el Estado colombiano ha adecuado su marco normativo a las exigencias del tribunal internacional, particularmente en lo relativo a la protección de los derechos políticos y las garantías judiciales en los procesos disciplinarios, identificando los obstáculos que persisten para una armonización plena. El trabajo concluye con una propuesta orientada a compatibilizar el cumplimiento del fallo interamericano con la institucionalidad nacional, en un sistema disciplinario que, por sus particularidades propias, no encuentra equivalente en el derecho comparado.