La tarea de educar, y como tal el proceso educativo, implica el establecimiento de acuerdos de convivencia que, como tales, buscan formar ciudadanos que tengan la capacidad de orientar y evaluar sus acciones, acorde a los grupos sociales a los cuales pertenecen. La institución educativa, en términos generales, tiene como uno de sus fines la promoción de la convivencia y la ciudadanía. Esto implica necesariamente que la escuela tiene que responder a las realidades sociales en las que está inmersa. Es así, como la formación para la autonomía se plantea como un medio que permitiría estructurar un ambiente propicio para la construcción de una verdadera sociedad democrática, donde los miembros conocedores de sus derechos y deberes tengan la opción de ser participes en la construcción de ambientes de convivencia pacífica. Es aquí donde el manual de convivencia escolar se puede configurar como una primera forma de acercar al estudiante a las normas que rigen una sociedad. Si el propósito de la educación ciudadana es la formación de personas autónomas, estas normas (que hacen parte del manual de convivencia) deben promover la deliberación como un medio para establecer acuerdos que sean significativos para los estudiantes, de tal forma que ellos puedan asumir estas normas como principios de vida.