Se abordará el caso de Magdalena, una mujer en edad reproductiva, quien quedará privada de la libertad, y tras su detención, dará fin a su relación con su compañero sentimental, con quien había proyectado una familia. Sin embargo, tras ser llevada a prisión su deseo de formar una familia seguirá latente, llevándola a solicitar al Estado garantías frente al acceso de técnicas de reproducción asistida con el fin de suplir su deseo de conformar una familia. Lo anterior producirá diferentes interrogantes ante la posibilidad de conceder o negar dicha solicitud, teniendo en cuenta el hecho de que una vez la mujer cumpla con su condena, se verá inmersa en posibilidades negativas ante un posible embarazo a una edad mayor de los 40 años.