El presente planteamiento tiene por objeto destacar la necesidad de revisar y, de ser necesario, ajustar la normativa vigente en materia de insolvencia empresarial, con un enfoque específico en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de carácter privado. Se cuestiona la exclusión legal actual de estas entidades de los regímenes ordinarios de insolvencia, pese a que no administran recursos públicos ni fondos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y operan bajo principios propios de las sociedades comerciales. En esta línea, se propone habilitar el acceso de las IPS privadas a mecanismos ordinarios de reorganización empresarial, en condiciones de igualdad frente a otras empresas privadas. La eliminación de esta restricción legal permitiría configurar un marco jurídico más equitativo y funcional, que se ajuste a las realidades económicas y operativas del sector. Esta adecuación normativa no solo fortalecería la sostenibilidad financiera de dichas entidades, sino que también aseguraría la continuidad en la prestación del servicio de salud, sin comprometer la estabilidad del sistema en su conjunto.