El Acuerdo Final de Paz firmado el 24 de Noviembre de 2017 presenta propuestas que despertaban interrogantes significativos sobre su compatibilidad con el régimen jurídico internacional vigente en campos tan diversos del Derecho internacional como el Derecho internacional de los Derechos Humanos (derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición), el Derecho Internacional Penal (investigación y sanción penal de los máximos responsables de los delito más graves para la sociedad internacional) y el Derecho Internacional Económico (situación jurídica de los inversionistas extranjeros en el país). Esta situación aparecía ya reflejada en el seguimiento que el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos (en el ámbito de protección universal de los derechos humanos), la Comisión y la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos (en el ámbito regional), la Corte Penal Internacional a través de su examen preliminar y las diversas demandas multimillonarias presentadas por inversores extranjeros contra el Estado colombiano ante tribunales arbitrales internacionales, en particular ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión.
